El pasado día 10 de los
corrientes,el periódico.es- y algún que otro periódico más- traía en sus
paginas digitales una noticia que en ese mismo medio inició un debate bastante
animado.Bueno,más que debate,una sarta de improperios de todos los colores y
opiniones varias .Aunque a muchos no les faltaba razón en sus opiniones,otros
se pasaban en su ímpetu.El tema no era ni más ni menos que,60 Diputados –de todas las fuerzas políticas- habían
pedido una indemnización al Congreso porque
no encontraban trabajo.
Si tienen o no tienen derecho
a cobrar no es una cuestión –ahora- que sea discutible.El propio Congreso lo reglamenta y no hay más que hablar.La ley positiva
lo contempla y por tanto poco vamos a hacer negando tal derecho. Cosa distinta
es si moralmente tienen o no ese derecho.Pero
a renglón seguido,lo que nos deberíamos preguntar es el porqué de esa situación
y si tendría otra solución que no fuera la que hemos manifestado y,sobre
todo,si esa situación esconde otro propósito
Y
SÍ,ESA SITUACIÓN ESCONDE UN PROPÓSITO NADA DEMOCRÁTICO: ESCONDE CÓMO ES EL ACCESO
A LA POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS Y QUÉ HACEN ESOS POLÍTICOS CUANDO OCUPAN CARGOS
PÚBLICOS.
La solución es bien
sencilla: cuando un político cese en su
cargo,debería tener la posibilidad de tener asegurado un trabajo en la
administración pública.Pues lo primero que habría que reconocer es que
todos buscamos una seguridad en la vida;
de una manera o de otra,pero todos. Ello
permitiría que el dedicarse a la política no fuera a expensas, o de tener mucho
dinero y una buena posición económica en la vida o, tener que decir siempre amén a las
direcciones de los partidos.Los trabajadores,realmente los trabajadores
ganaríamos bastante
Después de dejar el cargo
público y en un plazo de veinte días
deberían escoger ,entre seguir en la vida privada sin ningún tipo de
indemnización y su inclusión en el paro,aplicándose la misma legislación que a
los demás trabajadores y no elevando la base de cotización y por tanto el
importe a cobrar,como se hace ahora. O bien acceder a un trabajo de funcionario.
Y léase bien: un trabajo. O dicho de
otra manera: no estar a la sopa boba, sino trabajar como cualquier otro funcionario
al servicio de la Administración Pública,con todos sus pros y sus contras.
Si eso fuera así,lo primero
que nos ahorraríamos es la indemnización que ahora se piden y,sobre todo,sobre
todo,daríamos oportunidad a mucha gente
a poder ser “libres” dentro de
los diferentes grupos paralamentarios y quizás y sólo quizás,la corrupción
no llegaría a los extremos que está llegando.Pues tendrían la seguridad de que
al menos,si los echan por no ser consecuentes con el mandato imperativo,aunque
la legislación diga que no están obligados a él,podrían mantener lo que quisieran y votar como quisieran y no ser rehenes de la dirección de los grupos
parlamentarios o lo que es lo mismo: de
las cúpulas de los partidos políticos.
Porque se quiera o no
,cuando una persona y más si es un profesional de esos que se dicen liberales,
deja su cargo para meterse en política, volver
a reintegrarse en la vida privada y en
la misma profesión que dejó en su día es muy, muy dificil, por no decir
imposible.De facto,muchos de los que vuelven a la vida privada son funcionarios públicos que dejaron su
puesto para incorporarse a la política,aunque ahora sí, absolutamente
desfasados, pero el Estado les sigue pagando. Baste un ejemplo: el inefable Rubalcaba
y tantos otros.
Juan
Diego Hernández Valero
Abogado
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